La recomendación generada por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y firmada por los 193 estados miembros establece ciertos estándares a tener en cuenta en el desarrollo de tecnologías como las de reconocimiento facial o las vinculadas a los algoritmos de recomendaciones de las plataformas.

La inteligencia artificial (IA) se encuentra presente en muchas de las acciones cotidianas que realizamos, cuando buscamos algo en Google automáticamente nos ofrece sugerencias que completan la consulta que estábamos realizando o los chatbots de atención a usuarios que saben cómo responder preguntas sencillas. Todos estos son ejemplos de esta disciplina. Partiendo de esta base, se hace necesario discutir e intercambiar posturas para construir de manera consensuada un marco ético y político que regule esta tecnología para evitar que se den abusos o que se amplíen las desigualdades.

Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO, en la conferencia de prensa de presentación de la guía expresó: “El mundo necesita reglas para que la inteligencia artificial beneficie a la humanidad. La recomendación sobre la ética de la IA es una respuesta importante. Establece el primer marco normativo mundial, al tiempo que otorga a los estados la responsabilidad de aplicarlo a su nivel”. Por su parte Gabriela Ramos, Subdirectora General de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, afirmó: “Las decisiones que afectan a millones de personas deben ser justas, transparentes y contestables. Estas nuevas tecnologías deben ayudarnos a afrontar los principales retos de nuestro mundo actual, como el aumento de las desigualdades y la crisis medioambiental, y no profundizar en ellos”.

Es en este sentido que la recomendación elaborada por la UNESCO tiene como objetivo mediar entre las ventajas que la inteligencia artificial puede aportar a la sociedad y minimizar los riesgos. El documento aborda cuestiones relacionadas a la transparencia, la privacidad de la información, a la acción sobre la gobernanza de los datos, el acceso a la educación, la cultura, el trabajo, la atención sanitaria y la economía. Y si bien no es un texto legalmente vinculante se espera que los 193 estados que forman parte paulatinamente comiencen a tomar las medidas necesarias para empezar a aplicarlo.