La Unión Europea endurece la regulación de las plataformas, pero depende en un 80% de infraestructura tecnológica importada.

La tensión entre Bruselas y Silicon Valley se ha convertido en uno de los frentes centrales de la geopolítica tecnológica contemporánea. Mientras la Unión Europea (UE) refuerza su rol como regulador global del entorno digital, las grandes corporaciones tecnológicas estadounidenses redoblan su presión política y económica. En juego no solo está la aplicación de normas, sino la soberanía digital del continente.

En el centro de esta arquitectura normativa se encuentra la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), impulsada durante la gestión de Thierry Breton. Más de 120 funcionarios trabajan actualmente en la sede de la Comisión Europea, en el edificio Berlaymont, con la misión exclusiva de hacer cumplir esta normativa.

Multas, algoritmos y supervisión

En el último año, Bruselas ha sancionado a gigantes como Google, Apple, Meta y X por abuso de posición dominante o falta de transparencia. Las multas por incumplimiento pueden alcanzar hasta el 6% de la facturación global anual de las compañías.

La consigna europea es clara: lo que es ilegal en el mundo físico no puede ser legal en el entorno digital. Desde Bruselas se examinan algoritmos, sistemas de moderación, verificación de identidad, publicidad segmentada y mecanismos de gestión de contenidos ilícitos. La regulación no es presentada como censura, sino como una herramienta de protección democrática y de derechos fundamentales.

Desde Washington, en cambio, el discurso es diferente. Sectores vinculados a la administración de Donald Trump han interpretado estas normas como medidas hostiles hacia empresas estadounidenses. El propio Trump advirtió en su red social Truth Social que podría imponer aranceles adicionales a países que adopten regulaciones digitales consideradas perjudiciales.

El poder del lobby tecnológico

La disputa también se libra en los pasillos de Bruselas. Según la organización Corporate Europe Observatory, el gasto del lobby tecnológico en la capital europea alcanzó los 151 millones de euros anuales, con cerca de mil lobistas activos en el sector digital. Se trata de un aumento significativo respecto de años anteriores y refleja la magnitud de los intereses en juego.

Plataformas como TikTok —con unos 170 millones de usuarios europeos— o X —con más de 100 millones— enfrentan un entorno regulatorio cada vez más exigente. Al mismo tiempo, una encuesta de YouGov en Alemania, Francia, España, Italia y Polonia indicó que el 47% de los ciudadanos apoyaría prohibir X si persiste en incumplir la normativa europea.

Regulación sin infraestructura propia

Sin embargo, el problema europeo es estructural. La UE importa aproximadamente el 80% de su infraestructura digital. Los datos personales, gubernamentales y estratégicos de millones de europeos circulan y se almacenan en nubes gestionadas mayoritariamente por empresas estadounidenses.

Europa tiene legislación, pero no controla plenamente la arquitectura tecnológica que sostiene su ecosistema digital. Sin infraestructura propia —centros de datos, servicios en la nube, semiconductores— la autonomía regulatoria queda condicionada por dependencias externas.

La experiencia reciente reforzó esa percepción. La pandemia evidenció la dependencia industrial respecto de China. La invasión rusa a Ucrania mostró los límites de la dependencia energética. En el plano digital, la vulnerabilidad es igualmente evidente frente a presiones comerciales, espionaje o interrupciones en la cadena de suministro.

El paquete por la soberanía tecnológica

En este contexto, la Comisión Europea prepara un paquete de medidas orientadas a fortalecer la soberanía tecnológica, que incluiría el impulso a una nube europea, una ley de chips y desarrollos estratégicos en inteligencia artificial.

El objetivo es avanzar hacia un modelo en el que la regulación esté acompañada de infraestructura propia. Para muchos analistas, la independencia europea comienza en la soberanía digital.

La disputa entre Bruselas y Silicon Valley ya no es solo jurídica. Expresa dos modelos de gobernanza tecnológica: uno basado en la autorregulación corporativa y otro sustentado en la intervención pública. El resultado de esta confrontación tendrá efectos que trascienden Europa y redefinirán el equilibrio global en la gobernanza de internet.