La medida se realizó luego de que organizaciones de la sociedad civil exigieran a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la implementación de controles. Sobre todo a partir de las irregularidades que encontró el juzgado N° 2 de CABA en el sistema de reconocimiento facial local.

El Parlamento porteño constituyó la Comisión Especial de Seguimiento de los Sistemas de Video Vigilancia, tras conocerse públicamente que la Policía de la Ciudad buscó datos biométricos de más de 7,5 millones de personas sin motivo alguno. La misma estará integrada por Victoria Montenegro del Frente de Todos, Paola Michielotto de Vamos Juntos y a la vez presidenta de la Comisión de Seguridad, María Inés Parry de UCR-Evolución, Roberto García Moritán de Republicanos Unidos y Facundo del Gaiso de Vamos Juntos.

La Ley 6.339, aprobada en octubre del 2020, expresa en el artículo 490 bis, la necesidad de crear un espacio integrado por legisladores de diversas fuerzas políticas con el objetivo de hacer un seguimiento riguroso a las tecnologías de vigilancia. Además, en él se menciona la convocatoria a especialistas y organizaciones de la sociedad civil con el fin de analizar y proponer ideas en relación a la temática. Sin embargo, desde la reglamentación de la mencionada Ley hasta la implementación de la comisión, la Legislatura demoró más de un año y medio.

Al respecto Victoria Montenegro se expresó en Télam y afirmó:

«Lamentamos que no se hayan generado antes los dispositivos que la ley preveía para poder regular el funcionamiento de las cámaras. Superado esto, asumimos la responsabilidad de trabajar para pensar la seguridad desde una perspectiva de Derechos Humanos».

Previamente, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Observatorio de Derecho Informático Argentino (O.D.I.A.), la Fundación Vía Libre y Amnistía Internacional, habían trabajado en conjunto y presentado una nota dirigida a Paola Michielotto, presidenta a de la Comisión de Seguridad de la Legislatura, exigiendo que se tomen, con carácter de urgencia, medidas concretas en relación a los mecanismos de control de los sistemas de video vigilancia en la Ciudad de Buenos Aires.