La misión Artemis II devolvió seres humanos a la órbita lunar por primera vez en cinco décadas. Detrás de este hito hay algo más que tecnología: una coalición de 72 países alineados con Estados Unidos frente a un bloque rival liderado por China. Así, la nueva carrera espacial es la primera disputa de bloques del siglo XXI en un territorio donde las reglas todavía no están claras. En ese vacío, quien llegue primero no sólo plantará una bandera.
La administración Trump declaró en 2020 que el espacio no es un “bien común global” y lanzó los acuerdos Artemis. Se trata de un marco de gobernanza lunar negociado entre Washington y sus aliados, excluyendo a China y Rusia. El objetivo central es consolidar la interpretación estadounidense sobre extracción de recursos espaciales como estándar internacional, el cual sostiene que la extracción de ellos “no constituye una apropiación nacional”.
En el Tratado del Espacio Exterior este punto es una laguna legal, ya que no prohíbe esta práctica pero tampoco la habilita formalmente. Por lo tanto, si suficientes países adoptan esa posición, podría consolidarse como derecho consuetudinario favorable a quien ya tiene industria espacial privada desarrollada. Es clave destacar que, durante la administración de Biden, este concepto se mantuvo vigente, mostrando un consenso bipartidista en Washington. Artemis II, que completó su vuelo lunar en abril de 2026, es la expresión más visible de esa estrategia. Actualmente son más de 70 los países firmantes del acuerdo.
¿Qué se disputa?
En primer lugar, el territorio y sus recursos. En el polo sur lunar, hay zonas de luz solar casi permanente al lado de cráteres en sombra eterna donde se sospecha que hay hielo proveniente de agua. Ese hielo permitiría fabricar propelente, el combustible para encender un cohete, en la Luna, convirtiéndose en una estación de servicio y evitando la ardua tarea de subir cada recurso desde la Tierra.
Por otro lado, también se disputa qué redes de comunicación y navegación lunar se utilizarán de ahora en adelante. La NASA junto a la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) desarrollan en conjunto LNIS, una especificación técnica común para las comunicaciones y la navegación en la Luna. La misma define qué protocolo va a hablar cada satélite, cada módulo y cada rover -vehículo robótico de exploración- para poder coordinarse entre sí, sin importar qué país o empresa los haya construido.
Nos encontramos ante un escenario en donde el primero que instala la infraestructura también fija el protocolo que los demás terminarán adoptando, no necesariamente porque los demás Estados reconozcan su autoridad, sino porque abandonar ese sistema tendrá un costo de coordinación demasiado alto. Si esa red se vuelve infraestructura obligatoria, deja de ser un bien público y pasa a ser un punto de estrangulamiento.
Dos modelos para ordenar el espacio
Por su parte, China articuló su respuesta en dos frentes. En el plano discursivo, adoptó el lenguaje del “bien común global” que EEUU abandonó. Una decisión deliberada que le permite posicionarse como el actor multilateral que está dispuesto a compartir el espacio frente a Washington que persigue su propio interés. Un experto militar chino comparó los Acuerdos Artemis con “los métodos de apropiación de tierras coloniales europeas.” En el plano operativo, lidera la Estación de Investigación Lunar Internacional (ILRS) junto a Rusia, con socios como Pakistán, Egipto y Sudáfrica y avanza en una campaña diplomática para sumar 50 naciones a su programa lunar para la década de 2030. Sin embargo, la imagen del bloque unificado tiene sus matices. Para su estación espacial Tiangong, China negoció a través de los canales existentes de Naciones Unidas, logrando atraer socios internacionales y contrarrestar su exclusión de los proyectos liderados por occidente. Para la Estación de Investigación Lunar (ILRS), en cambio, evitó esos canales multilaterales y avanzó por plataformas estatales y acuerdos bilaterales.
Un artículo de investigadores de la Universidad de Bonn (Alemania) describe esto como una diplomacia espacial “bifurcada”: China recurre al multilateralismo institucionalizado cuando el terreno normativo le es favorable para acumular legitimidad pero prefiere la vía bilateral cuando se enfrenta a entornos de “alta densidad institucional” controlados por sus rivales estratégicos, permitiendo construir sus propias reglas desde cero.
El plan chino se diferencia también de Estados Unidos ya que este último terceriza el plan en privados, lo que en 2026 le costó tener que reestructurar Artemis porque ningún módulo comercial estaba listo. El programa espacial chino opera bajo la doctrina de fusión militar-civil. Sus misiones están profundamente integradas con el Ejército Popular de Liberación, lo que le permite sostener planes de décadas sin depender de ciclos presupuestarios ni debates parlamentarios.
Un vacío legal convertido en estrategia
La confrontación entre ambos bloques tiene lugar en un vacío legal que ningún Tratado vigente puede llenar. El Tratado del Espacio Exterior de 1967 prohíbe la apropiación nacional de la Luna, pero no establece quién fija las reglas de uso, extracción de recursos o zonas de operación. Se convierte en un terreno de maniobra estratégica, donde cada potencia busca ventajas mediante su interpretación de las normas y la construcción de estándares técnicos.
La situación se agrava porque no hay salida institucional visible, ya que renegociar el tratado de 1967 exigiría un consenso hoy casi imposible. El Comité de la ONU para el espacio (COPUOS) funciona por consenso desde su origen, pero dado el volumen de intereses nacionales contrapuestos que existen en la actualidad, los acuerdos son sobre lo mínimo común que todos aceptan. Por otro lado, los esfuerzos por generar derecho consuetudinario aún no han producido normas ampliamente aceptadas como vinculantes.
El valor estratégico del espacio reside en su traducción en resultados políticos, económicos y militares en la Tierra. Quien logre marcar precedentes, no operará únicamente en la Luna, sino que definirá los estándares que el resto del mundo deberá adoptar o disputar.
El Tratado de 1967 sobrevivió la Guerra Fría porque ambas superpotencias tenían incentivos para mantenerlo. El escenario actual es estructuralmente distinto: los Acuerdos Artemis son principios no vinculantes negociados por fuera de Naciones Unidas, mientras el ILRS opera bajo su propia lógica de alianzas, y ninguno de los dos marcos tiene autoridad universal. La Luna es el primer territorio del siglo XXI donde el orden internacional no se negocia entre todos, se construye por quien llega primero y se queda.

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