La decisión tomada por el gigante de internet sienta un importante precedente en relación a qué tipo de mensajes circulan en la red perjudicando el debate público de calidad y cuáles son los modos de regulación que hay en el universo digital.

El sitio periodístico de investigación uruguayo Sudestada presentó una denuncia ante la justicia de su país en la que afirma que Google realizó una desindexación de dos publicaciones realizadas en el 2017. Esto significa que fueron eliminados del buscador, no obstante tomaron relevancia nuevamente ya que están vinculadas a la causa del Lava Jato la cual volvió a instalarse en la agenda pública a raíz de la publicación de los «Pandora Papers«, el famoso estudio transnacional que da cuenta sobre los beneficios impositivos que tienen los sectores económicamente más poderosos .

El juzgado en lo Civil N° 20, a cargo de Pablo Benítez, fue el escenario donde se juntaron las partes. Por un lado, Nicolás Brause, abogado de Google, y por otro lado parte del staff de Sudestada y el equipo de abogados que colaboran con Matías Jackson y el Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia (OBSERVACOM). Desde la compañía estadounidense alegan que la acción que realizaron se ampara en normativas internacionales que no pueden ser dirimidas por la justicia uruguaya. Justifican su decisión en que actuaron por la La Ley de Derechos de Autor de la Era Digital (Digital Millenium Copyright Act -DMCA), una ley federal que regula los derechos de autor de Estados Unidos y por el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), una normativa de la Unión Europea en relación al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos.

Por su parte, desde el medio periodístico se afirmó que “la medida adoptada vulnera la dimensión colectiva del derecho a la libertad de expresión. Esto es, el derecho de la sociedad y sus individuos a buscar y recibir información. La medida de desindexación de la nota periodística afecta claramente la circulación del contenido y su acceso para cualquier interesado. Quien busque información en internet acerca de las personas involucradas no podrá conocer la existencia de investigaciones en su contra y que tienen causas abiertas por lavado de activos”. Lo sorpresivo fue que horas antes de concurrir a la cita en los tribunales uruguayos, desde Sudestada afirmaron que fueron siete horas antes de la audiencia, Google decidió restituir en su buscador una de las investigaciones en cuestión, la que había sido desindexada presuntamente por no cumplir con la DMCA.

Martín Becerra, investigador del Conicet, en un artículo que publicó en su sitio sobre el tema reflexiona: “El caso plantea desafíos jurisdiccionales delicados, ya que se extrapolan normas legales de otros países, regiones en perjuicio de los públicos y consumidores de un tercer país (el medio periodístico de investigación Sudestada de Uruguay y su público). Esto también muestra qué pasa cuando se otorga poder de policía a las plataformas ya que en este caso Google eliminó un contenido de clarísimo interés público. Este puede ser un caso testigo porque resume bien la indefensión de usuarias y usuarios de plataformas digitales globales ante medidas unilaterales de éstas que afectan sus derechos (como la expresión) y ante las cuales no hay ni posibilidad real de apelación. Una suerte de absolutismo digital«.