La directiva europea de derecho de autor es Ley en España

Por: Tamara Zylbersztejn

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La reglamentación salió publicada por decreto, sin debates y en medio de fuertes críticas enunciadas por diferentes organizaciones civiles.

El Gobierno español, con unos meses de demora, publicó la adecuación que realizará el país para adoptar la directiva europea sobre derechos de autor. La decisión causó mucho malestar en algunos sectores del ecosistema ya que la llamada “Ley Iceta” (por el apellido del ministro de cultura local) se implementó sin consensos y tomándose atribuciones que exceden el alcance del texto original. Por ejemplo, en el decreto se anunció la posibilidad de que las plataformas audiovisuales censuren en vivo y en directo la transmisión de contenidos que no sean de libre uso. Lo que trae como consecuencia que sean estas quienes pasen a ser responsables de lo que suben sus usuarios y usuarias dejando la posibilidad a que se automaticen estos procesos mediante algoritmos.

Marelisa Blanco, abogada especializada en propiedad intelectual, afirma al respecto que “con esta medida, podríamos perder la capacidad de hacer una crítica, un análisis o una sátira, porque el algoritmo puede decidir que estamos compartiendo contenido sin autorización sin darse cuenta del objetivo del mismo”. De igual manera se expresa Carlos Sánchez Almeida, director legal de la Plataforma por la Libertad de la Información (PLI) en Maldita Twitcheria, cuando dice que: “Este Real Decreto-ley va más allá de la mera adaptación, porque establece la obligación de que las empresas como Twitch revisen continuamente el contenido y bloqueen aquel que consideran ilícito, cuestión que no estaba reflejada en la directiva original”.

La normativa había sido aprobada en el parlamento europeo en el año 2019 con 348 votos a favor, 274 en contra y 36 abstenciones. Si bien se realizaron varias críticas a la propuesta, dos eran los artículos que más controversias provocaron. El artículo 15 (ex 11) y el 17 (ex 13). En el primero de ellos se especificaba que los buscadores y agregadores de contenido deberán pagar a los editores de prensa por utilizar y/o reproducir fragmentos de notas. Mientras que el segundo se especificaba que son las plataformas las responsables de monitorear si el contenido que subía respetaban las pautas del derechos de autor.

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